01/10/2012 12:00 AM - REDACCIÓN
Llegar a una edad avanzada con un estado de salud aceptable y en condiciones dignas de vida es sin duda una bendición para cualquier ser humano. Pero cuando la suerte de alcanzar la vejez está acompañada de limitaciones como la falta de recursos para cubrir gastos en medicinas, sin un techo propio y sin la debida protección del Estado, entonces la situación es distinta.
La República Dominicana, a pesar de ser un país en vías de desarrollo, cuenta con una legislación vigente cuyo objetivo fundamental es velar por la protección de los adultos mayores. Se trata de la Ley 352-98. Antes de su aprobación, en 1991, se adoptó el 1 de octubre como fecha para conmemorar el Día Nacional de los Envejecientes.
Pero más que motivos para celebrar, la mayoría de viejitos y viejitas de este país, sufren precariedades y deben aprovechar esta fecha para reclamar de las autoridades su inclusión en el régimen subsidiado de protección que establece la Ley de Seguridad Social, pues no cuentan con garantías en su momento de retiro.
La conmemoración coincide en esta ocasión con la indignación sufrida por buena parte de la población, al observar los elevadísismos salarios y pensiones que devengan funcionarios y exfuncionarios del Estado, mientras que el 87% de los poco más de 152,000 pensionados del sector público, apenas recibe un ingreso mínimo de RD$5,117 mensuales, más descuentos.
A eso se suman las filas de ancianos y ancianas que cada día acuden a las ventanillas del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) en procura de que les sean tramitados los documentos para hacer efectivas sus pensiones en el Ministerio de Hacienda. Exigen un derecho que les niega la burocracia estatal, la misma que sí es efectiva para otorgar pensiones de lujo a muchos que ni siquiera la necesitan. La iniquidad en las condiciones laborales, principalmente en el Estado, provoca un choque de indignación para los adultos mayores que hoy “celebran” su día.
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